LEY RICARTE SOTO

Chile es un país con grandes problemas de desigualdad en el acceso a la atención médica y alta insatisfacción por calidad de la salud.

En este escenario, la Ley Ricarte Soto surgió –con altas expectativas– como una solución a las múltiples necesidades de quienes padecen enfermedades raras y de alto costo al asegurar su diagnóstico y tratamiento.

A cuatro de meses del inicio de la primera etapa de su implementación, sin embargo, hay pacientes, familiares y agrupaciones que alertan sobre algunos incumplimientos en la cobertura financiera y en la garantía de acceso a los 11 tratamientos vigentes.
Las dudas que se han generado en torno a la entrega de insumos y medicamentos y la ausencia de una estrategia para la articulación en las prestaciones del “Fondo de medicamentos” con las del resto del sistema sólo vienen a profundizar la mala percepción que existe de la salud pública. Y los más pobres, en definitiva, son los más perjudicados al no poder acceder a su tratamiento oportuno, aumentando así su vulnerabilidad.
Es preciso que las autoridades revisen el cumplimiento del rol del Estado en materia de protección, recuperación y promoción de la vida. Es fundamental que las instituciones y los equipos de salud trabajen con esmero y cuidado para disminuir la incertidumbre de las más de 100 mil personas afectadas por una enfermedad rara en Chile, cuya esperanza de recuperar la salud se diluye ante la falta de confianza en el sistema de salud.
Los mecanismos de acceso y entrega de las prestaciones al paciente deben ser claros y transparentes para no aumentar la carga emocional respecto de la enfermedad y la muerte.

Patricia Fierro
Escuela de Trabajo Social
Universidad Andrés Bello