«¿Por qué obligar a las partes de un contrato a permanecer ejecutándolo si esa ya no es su voluntad, máxime si han previsto una cláusula de salida? Lo reprochable no es eso. El problema radica en que es preciso que la parte que hace uso de esa prerrogativa, la ejerza haciéndose cargo de los perjuicios que su decisión le acarrea a la otra», dice la académica Nathalie Walker.