El estallido social reveló la necesidad de reconstruir la comunidad política en Chile, y una de las alternativas fue la elaboración de una nueva Constitución para dejar atrás la vigente desde 1981. El desafío, tanto en la preparación del nuevo documento como en la planificación de políticas públicas, es corregir las brechas en materia de justicia social, demanda central de las manifestaciones.