Columna El Mercurio| Una amenaza para los médicos que se forman

En columna de opinión en El Mercurio, los rectores José Rodríguez, de la Universidad Andrés Bello; Federico Valdés Rector, de la Universidad San Sebastián; afirman que “en la práctica, las instituciones que legítimamente no son parte de la gratuidad quedarían automáticamente en una posición desmejorada en el proceso de asignación de campos clínicos, establecimientos fundamentales para el desarrollo de cualquier carrera ligada a la salud”.

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UNA AMENAZA PARA LOS MÉDICOS QUE SE FORMAN

En columna de opinión en El Mercurio, los rectores José Rodríguez, de la Universidad Andrés Bello; Federico Valdés Rector, de la Universidad del Desarrollo; José Antonio Guzmán, de la Universidad de los Andes; Rubén Covarrubias, de la Universidad Mayor; y Hugo Lavados, de la Universidad S. Sebastián; afirman que “en la práctica, las instituciones que legítimamente no son parte de la gratuidad quedarían automáticamente en una posición desmejorada en el proceso de asignación de campos clínicos, establecimientos fundamentales para el desarrollo de cualquier carrera ligada a la salud”.

Las universidades que dirigimos los rectores que suscribimos son relevantes en calidad y cantidad en la formación de médicos y de otros profesionales del área de la salud. En efecto, en 2016 matriculamos al 34% de los estudiantes de Medicina del país (4.619 jóvenes) de las universidades acreditadas, mismo año en que la matrícula en carreras de la salud en el total del sistema universitario acreditado alcanzó sobre 144 mil estudiantes; de ellos, más de 41 mil ingresaron a nuestras universidades. Adicionalmente, hemos titulado a casi cinco mil nuevos profesionales en esas carreras, un 33,7% del total nacional de las universidades acreditadas.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales anunció el 1 de febrero de 2017 la generación de una nueva norma regulatoria de la relación asistencial docente de pregrado, que vendría a reemplazar a la actual, vigente desde 2012. El proceso, que se inició en 2015 y debía estar resuelto en junio de este año, pretendía que se cumpliera una serie de hitos que buscaban regular la asignación de campos clínicos de la red MINSAL, que son esenciales para una formación de alto nivel. Ante esto, las universidades dispusimos los esfuerzos y recursos para cumplir con un estricto procedimiento, no obstante, ninguno de los anuncios se cumplió, optando el ministerio por mantener y prorrogar los convenios vigentes hacia fines de 2016.

Junto con la noticia de la nueva norma, la subsecretaría efectuó una consulta pública en la que participamos, planteando las mejoras que pensamos son convenientes para el país, considerando el conjunto del sistema de formación de profesionales y especialistas. Luego, fuimos invitados por el propio ministerio a participar de reuniones de trabajo en las que la nueva propuesta fue rechazada, porque la mayoría de las instituciones aspira a una norma que regule la relación asistencial docente de manera equitativa y sin contrapesos en los procesos de asignación.

En este contexto, creemos que la normativa planteada por el MINSAL no cumple con el estándar requerido para regular de manera técnica y objetiva la asignación de campos clínicos; más aún, cae en arbitrariedades que afectarán fuertemente a instituciones de calidad y reconocidas en el sistema. Específicamente nos referimos a que la nueva normativa considera la adhesión a la gratuidad como un nuevo factor de evaluación para el proceso de asignación de campos clínicos. Ello es arbitrario e inconducente, porque la gratuidad es una política voluntaria de financiamiento institucional y que por ende no se relaciona de modo alguno con la calidad de la formación.

En la práctica, las instituciones que legítimamente no son parte de esta política quedarían automáticamente en una posición desmejorada en el proceso de asignación de campos clínicos, establecimientos que sabemos son fundamentales para el desarrollo de cualquier carrera ligada a la salud y una parte clave en el proceso de aprendizaje de los miles de estudiantes que hoy optan por un programa académico en esta área. Lo anterior es abiertamente una injusticia y una discriminación hacia universidades que hacen una contribución muy importante al sector salud y al país, con calidad demostrada a través de acreditaciones institucionales, nacionales e internacionales, y también de carreras del área.

Hoy existe déficit de profesionales del área de la salud, especialmente en el sistema público. Esto ha llevado a la contratación de personas formadas en otros países; esa necesidad se profundizará por la tendencia demográfica. Por eso, es incomprensible la nueva regulación que se plantea; su efecto directo será negativo para la formación en Chile de esos especialistas. La nueva propuesta debe ser conocida por los actores involucrados, previo a su tramitación, con reales posibilidades de diálogo para mejorarla, de modo que los aportes sean debidamente analizados e incorporados, de acuerdo a lo que conviene al país.

Es imprescindible tomar resguardos para no afectar convenios vigentes, y la continuidad de las prácticas e internados de un importante número de estudiantes. Tenemos un compromiso con la búsqueda de mejores prácticas y relaciones institucionales, en especial en la colaboración público-privada por lo relevante que es para la salud pública del país. Sin embargo, somos enfáticos en resaltar que ello es posible solo en procesos participativos y coherentes, que definan normas enfocadas en el logro de los objetivos de desarrollo del sector, sin arbitrariedades ni discriminaciones. De otra manera, ellas no serán estables, lo que atenta contra el interés de todos, incluida la población que más necesita del sistema.

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