Químico-farmacéuticos UNAB alertan sobre venta de medicamentos en supermercados
A través de una carta abierta a la comunidad, los académicos de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los medicamentos se vendan en lugares fuera de las farmacias y sin receta médica. La autoridad de Salud del país manifestó que los medicamentos […]
A través de una carta abierta a la comunidad, los académicos de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los medicamentos se vendan en lugares fuera de las farmacias y sin receta médica.
La autoridad de Salud del país manifestó que los medicamentos que no llevan receta médica puedan ser comercializados fuera de las farmacias para un mayor acceso de la población. Frente a esta propuesta la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB emitió el siguiente comunicado:
“Las medidas que se han sugerido apuntan a la autorización de venta de medicamentos en supermercados y a fomentar el acceso a aquellos de denominación genérica. La implementación de estas medidas facilitaría sin duda, la adquisición de medicamentos, pero al mismo tiempo, inevitablemente estimularían el ya existente consumo irracional y automedicación por parte de la población.
Desgraciadamente estas medidas han sido difundidas por la autoridad con poco rigor en el discurso y sin consideración sanitaria, la que es fundamental cuando se trata de medicamentos que, por definición, son fundamentales para la mantención y recuperación de la salud y cuyo mal uso puede producir trastornos graves.
Investigaciones realizadas recientemente en Estados Unidos y Europa han puesto en evidencia los problemas de salud que genera el mal uso de medicamentos, tanto desde el punto de vista sanitario, como del económico. Las estadísticas señalan que entre el 3 a 4% del total de las hospitalizaciones tienen su origen en el empleo inadecuado de medicamentos. Cifras recabadas en los Estados Unidos muestran que el gasto causado por morbi-mortalidad debida a mal uso de medicamentos, es de 170 billones de dólares cada año, cifra similar al gasto en medicamentos prescritos. Es decir, por cada dólar que se destina a medicamentos de prescripción, se requiere invertir un dólar para recuperar pacientes afectados por el mal uso de medicamentos de receta libre.
Otros datos agregan que cada año mueren 100.000 personas por el uso incorrecto de medicamentos. Por ello la Organización Mundial de la Salud desde la década de los noventa, ha llamado la atención acerca de la necesidad de establecer estándares de calidad en el manejo y empleo de los medicamentos.
Por su parte, el ministerio de Salud de Chile aprobó mediante Resolución exenta el 15 de abril de 2004, la Política de Medicamentos en la Reforma de Salud que constituye una de las iniciativas de mayor envergadura que nuestro país ha conocido en esta materia en muchos años y que se inscribe apropiadamente dentro de los principios científicos y las orientaciones que han adoptado los países más avanzados en la materia y que también son propugnados por los organismos internacionales de salud.
Sin embargo, este documento parece haberse quedado sólo en los enunciados, pues poco se ha realizado para traducirlo en medidas que den un nuevo ordenamiento y enfoques a los diferentes aspectos que cubre.
Si bien es cierto, el cumplimiento de las condiciones de dispensación en Chile no son actualmente cumplidas a cabalidad, las medidas que propone el ministerio de Salud y que hasta el momento han trascendido a la opinión pública, acentuarían la liberación del comercio de los productos farmacéuticos, representando un retroceso en política sanitaria, atentando contra el uso racional de los medicamentos y contradiciendo los principios de atención profesional en la farmacoterapia. Estos se explicitan en la propia Política de Medicamentos del Estado Chileno, en la que se establece que el acceso a medicamentos es “un derecho del usuario que incluye la prescripción basada en la evidencia, la calidad garantizada del medicamento y la asistencia profesional en la dispensación”. Es evidente que la no existencia de una asistencia profesional en la dispensación incrementa el riesgo del uso inapropiado, con las consecuencias sanitarias y económicas negativas que conlleva.
Al Estado corresponde la responsabilidad de atender las necesidades sanitarias de la población y los medicamentos constituyen elementos esenciales para tal objetivo, por ello, deben ser acreditadas su calidad, eficacia y seguridad. La seguridad en el uso de los medicamentos no sólo compete a la fabricación y origen de los mismos, sino que también a las condiciones de almacenamiento, transporte y especialmente de dispensación.
Como profesionales de la salud, los químicos farmacéuticos tenemos el deber de participar desde un punto de vista técnico, responsabilidad social y de salud pública, en las decisiones sanitarias que afecten a la población de nuestro país.
Académicos Escuela de Química y Farmacia
Universidad Andres Bello
Escrito por: Prensa-UNAB