Experta UNAB en comisión que reformulará la Ficha de Protección Social

La principal herramienta de entrega de programas sociales está en proceso de actualización para responder de mejor modo en su ayuda a las familias más vulnerables del país. La directora de Trabajo Social de la U. Andrés Bello, Mahia Saracostti, es parte del panel de especialistas que conforman la iniciativa del Ministerio de Planificación.

Fue a finales de la década del setenta que en Chile se creo el primer instrumento focalizador para la entrega de programas sociales. Es cuando surge la Ficha CAS, con sus posteriores versiones de CAS-2 y Ficha CAS-Familia, que tenían como objetivo identificar a las familias con mayores necesidades y así entregarles ayuda a través de los programas sociales del Estado.

En 2006, en tanto, se desarrolló un nuevo instrumento: la Ficha de Protección Social (FPS). A diferencia de otros instrumentos, considera una noción dinámica de la pobreza, la vulnerabilidad de los hogares y el riesgo de estar en situación de pobreza, incluyendo aquellos que se encuentran en ese estado como los que pueden estarlo a futuro. Es así, como a través de un puntaje se indica su grado de vulnerabilidad.

Actualmente en Chile cerca de 3.6 millones de familias (10.8 millones de personas) cuentan con FPS. De ellas, 13,9% son mayores de 60 años y el 7,6% son menores de cuatro años. A través de esta herramienta pueden acceder a beneficios como Chile Solidario, Chile Crece Contigo, Subsidio Eléctrico y Convenio de Alimentación, entre otros.

Pese a ser un instrumento reciente, no ha estado exento de críticas. Las principales objeciones se refieren a la metodología de implementación de la encuesta, pero también que no identifica a los grupos vulnerables, dónde están, cuántos son y cuáles son sus reales necesidades.

Por esta razón el Ministerio de Planificación Nacional busca reformular la actual FPS, con el propósito de garantizar que la ayuda esté bien dirigida y apoye a las familias correctas. El grupo de expertos, convocados por el Presidente de la República, está conformado por especialistas en el tema, quienes trabajarán cerca de tres meses en la reformulación de este instrumento social.

Entre los expertos se encuentran Alejandra Candia, del Ministerio de Hacienda; Germán Codina, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Mónica Titze, del Ministerio del Trabajo; Rodrigo Herrera, del Mideplan; los alcaldes de Pudahuel y Estación Central, Johnny Carrasco y Rodrigo Delgado respectivamente y Mahia Saracostti, directora de Trabajo Social de la U. Andrés Bello y experta en políticas públicas.

Una de las principales críticas con respecto a la Ficha de Protección Social, señala Saracostti, es que a los postulantes a las transferencias gubernamentales no se les solicita presentar documentación que acredite su condición educacional, de salud, familiar o laboral.

La actual la fórmula de cálculo del puntaje, para ver si una familia es elegible de beneficios sociales, da una alta valoración a aquellas familias con algún miembro con discapacidad física o mental. “La discapacidad es autoreportada por las familias, pero no se solicita la acreditación médica de dicha discapacidad como se hace, por ejemplo en Estados Unidos. Esta situación implica que se puede estar focalizando la entrega de beneficios sociales en familias que no lo requieren y excluyendo a familias que realmente son pobres o vulnerables”, sostiene Saracostti.

Frente a estas situaciones el desafío es cambiar la estrategia de aplicación y en vez de que el encuestador aplique la FPS en el hogar de los postulantes, sean los postulantes quiénes vayan al municipio con documentos que acrediten su situación social y económica. Otro desafío es mejorar los registros administrativos con los que cuenta el gobierno, para verificar el nivel escolar de los miembros de la familia. “Todas estas modificaciones implicarían un mejor uso de los recursos públicos focalizando a aquellas familias que realmente lo requieran”, concluye la experta UNAB.

Paulina Sepúlveda

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